Sentencia A. 1834/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1834/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1834 DE 2023

 

Referencia: Expediente CJU-3732

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral y el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda.

 

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

 

Bogotá D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, decide el presente conflicto de competencia entre distintas jurisdicciones, previas las siguientes consideraciones:                                       

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1. La señora Zandra Patricia Lozano Acuesta, por conducto de apoderado judicial presentó demanda ordinaria laboral con el fin de que se declarara que entre la demandante y La Caja de Previsión Social de Comunicaciones "Caprecom" EICE liquidado, existió un contrato realidad de trabajo a término indefinido, encubierto a través de contratos de prestación de servicios el cual terminó de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador. Mediante dichos contratos desempeñaba funciones en atención al público y procesos de afiliación de usuarios, también solicitó el pago de todas las prestaciones sociales a las que hubiera lugar entre el 1 de julio de 2015 y el 14 de enero de 2016.[1]

 

2. El 6 de junio de 2019 la demanda fue repartida al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá[2]. Posteriormente, el 4 de agosto de 2021 el mencionado juzgado profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, del 15 de junio de 2012 al 14 de enero de 2016, e impuso a cargo de Caprecom el pago a favor de la demandante de las acreencias laborales no prescritas y de los aportes a seguridad social causados en vigencia de la relación laboral, así como las sanciones moratorias y por despido sin justa causa,[3] las partes apelaron la decisión.

 

3. El 22 de octubre de 2021 el asunto fue repartido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral[4]. El 31 de octubre de 2022 dicho tribunal resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado y su falta de jurisdicción para conocer del proceso. Adujo que con fundamento en el Auto 492 de 2021 de la Corte Constitucional, “la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios con el Estado, de conformidad con el Artículo 104 del CPACA”. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos para lo de su competencia.[5]

 

4. El 22 de noviembre de 2022 el asunto fue repartido al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda[6], y el 16 de diciembre de 2022 el mencionado juzgado resolvió declarar su falta de jurisdicción para conocer del asunto. Al respecto señaló que conforme a lo dispuesto en el título IV del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA “los tribunales y juzgados de la jurisdicción contenciosa administrativa conocen de los procesos de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo[7]” y que “la jurisdicción ordinaria laboral conoce de las controversias que se susciten entre los afiliados y beneficiarios con las entidades administradoras y prestadoras de los servicios de seguridad social, al igual que de todos los conflictos que tengan un origen ya sea de forma directa o indirecta en un contrato de trabajo, sin importar la clase de empleador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.[8]

 

En esa línea señaló que la demandante ejecutó funciones que no se enmarcan dentro de las de dirección o confianza, pues prestaba sus servicios en atención al público y procesos de afiliación de usuarios bajo la dirección de un delegado regional. Así las cosas, encontró que acreditado que la demandante desempeñó en Caprecom tareas correspondientes de “gestor de vida sana”; las cuales, al no ser consideradas como de dirección, confianza y manejo en todo caso deberán ser tenidas como las desarrolladas por los trabajadores oficiales.[9] En consecuencia, propuso conflicto negativo de jurisdicciones y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia.

 

5. El 5 de julio de 2023 en reunión virtual el presente asunto fue repartido al magistrado sustanciador[10], y el 7 de julio de 2023 la Secretaría General remitió le expediente al presente despacho.[11]

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

6. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[12].

 

En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver

 

7. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones^[13]:(i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones^[14]; (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional^[15]; y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.

 

8. En el asunto objeto de estudio, el Pleno de esta Corporación encuentra acreditados los presupuestos antes referidos: (i) la controversia se suscita entre una autoridad que hace parte de la jurisdicción ordinaria (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral) y otra que hace parte de la jurisdicción contencioso administrativa (Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda) -presupuesto subjetivo- (ii) el objeto de litigio está relacionado con el reconocimiento de la relación laboral encubierta por contratos de prestación de servicios entre la señora Zandra Patricia Lozano Acuesta y Caprecom -presupuesto objetivo- y; (iii) el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, expusieron las razones por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 3 y 4 supra) -presupuesto normativo-.

Jurisdicción competente para asumir el conocimiento de asuntos relacionados con la declaración de un contrato realidad de la prestación de servicios para entidades públicas. Reiteración del auto 492 de 2021.

9. Según lo resuelto en el auto 492 de 2021, la competencia judicial para conocer de las demandas que se presenten en contra de las entidades públicas, con el fin de obtener la declaración de un contrato realidad presuntamente encubierto en la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Sala Plena llegó a esta conclusión porque consideró que los fundamentos fácticos y jurídicos de estas demandas, así como sus pretensiones, se refieren a un litigio en el que se cuestiona la legalidad de los contratos de prestación de servicios celebrados con una entidad pública. Esto implica que a competencia reside en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues esta es la autoridad avalada para revisar un contrato estatal y determinar si se celebró y ejecutó realmente un vínculo de tal naturaleza o si éste fue usado para encubrir una relación de diferente naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 y en el numeral 2 del artículo 104 del CPACA.

 

10. De otra parte, la Corte señaló que, en estos casos, no resulta viable aplicar la regla que se utiliza para definir la autoridad judicial facultada para conocer de las controversias suscitadas entre el Estado y los trabajadores oficiales o empleados públicos, toda vez que su aplicación está sujeta a que exista certeza sobre la naturaleza de un vínculo contractual o legal y reglamentario. En contraste, en estos casos corresponde verificar la legalidad o ilegalidad de la actuación de la entidad estatal llamada a vincular al particular conforme a las disposiciones legales y constitucionales vigentes.

 

11. Dicha verificación obedece a la necesidad de establecer un control de legalidad sobre las actuaciones de la administración, cuya legitimidad queda en entredicho cuando vincula a una persona en contravía de lo que dispone el ordenamiento jurídico para evitar la arbitrariedad en el ejercicio de esa potestad. En ese sentido, no se trata de optar por la vía de lo contencioso administrativo para privilegiar la forma del contrato sobre su contenido. Por el contrario, es una medida que busca, ante todo, verificar que la administración actúe conforme a los principios constitucionales que irradian su actuación, esto es, en procura de los intereses generales, la igualdad, la moralidad, la eficacia, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad.

 

III. CASO CONCRETO

 

12. La Sala Plena verifica que en el presente caso:

 

(i)   Se generó un conflicto negativo entre una autoridad de la jurisdicción ordinaria (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral) y otra de la jurisdicción contencioso administrativa (Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda), de acuerdo con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, analizados en el fundamento jurídico 8 de esta providencia.

 

(ii) Con base en lo anterior, la Sala dirime el presente conflicto en el sentido de declarar que el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda es la autoridad competente para conocer de la demanda presentada por Zandra Patricia Lozano Acuesta.

 

(iii)          Lo anterior se fundamenta, al advertir la Sala, que el conflicto se generó en el marco de una demanda laboral presentada por la señora Lozano Acuesta para que se declare que entre la demandante y Caprecom existió un contrato de realidad a término indefinido, el cual terminó de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador. En los términos expuestos previamente, en el caso concreto, la relación que surge bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios entre una entidad pública y una trabajadora y de encontrarse que hubo una relación ficta con la demandante, estaríamos ante un vínculo laboral -que trató de simularse- con contratos de prestación de servicios, situación que compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

(iv)           De acuerdo con la regla de decisión fijada en el auto 492 de 2021, las demandas en contra de una entidad pública -como Caprecom - para obtener la declaración de un contrato realidad presuntamente encubierto a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios con el Estado, deben conocerse por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

13. Por lo tanto, esta Corporación resolverá el conflicto en el sentido de declarar que corresponde al Juzgado Cincuenta y siete Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda resolver la demanda presentada por la señora Zandra Patricia Lozano Acuesta dentro del mencionado proceso. La Sala ordenará remitirle el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

 

14. Regla de decisión: La Corte determina que, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral y el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda es la autoridad competente para conocer del proceso promovido por la señora Zandra Patricia Lozano Acuesta.

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-3732 al Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y a las autoridades judiciales involucradas.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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